Por qué es importante legalizar la gestación subrogada en la mayoría de los países
La infertilidad ya no es un “caso poco frecuente”, sino una realidad de carácter masivo: aproximadamente el 17,5 % de la población adulta mundial (≈ 1 de cada 6 personas) se enfrenta a lo largo de su vida a problemas de concepción. En este contexto, para una parte de las familias, la gestación subrogada se convierte en la única vía posible para el nacimiento de un hijo cuando el embarazo resulta médicamente imposible o supone un riesgo grave para la salud.
Sin embargo, la paradoja es que la demanda existe en todas partes, mientras que las posibilidades legales no. Por eso, la legalización (con reglas claras) en la mayoría de los países no es una “moda”, sino una cuestión de protección de las personas, de la medicina y de los derechos del niño.
Legalización: menos “zonas grises” y menos riesgos
Cuando la gestación subrogada está prohibida o “no regulada”, no desaparece: pasa a la clandestinidad. Y la clandestinidad siempre implica:
- menos control médico,
- más manipulaciones y fraudes,
- una protección más débil de la madre subrogada,
- problemas jurídicos con el registro del niño.
En cambio, un modelo legal establece reglas claras: quién puede participar, cuáles son las indicaciones médicas, qué contratos se firman, quién asume los gastos y qué garantías de seguridad existen.
Protección de los derechos del niño: lo más importante
El niño necesita un estatus jurídico claro desde el primer día: quiénes son los padres, qué documentos se expiden, qué nacionalidad tiene y cómo se establecen sus derechos. En Europa la situación es muy diversa: algunos países solo permiten modelos altruistas, otros lo prohíben directamente, y en muchos Estados existe una “zona gris” que crea dificultades para el reconocimiento de la filiación y el cumplimiento de los acuerdos. Cuantos más países introduzcan una regulación clara, menor será el riesgo de que un niño quede atrapado entre dos sistemas jurídicos.
Reglas unificadas reducen la “desigualdad reproductiva”
Hoy en día, el acceso al tratamiento de la infertilidad es muy desigual: incluso la OMS subraya que la prevalencia del problema es similar en distintas regiones, pero el acceso a la ayuda varía drásticamente, a menudo debido a pagos “de bolsillo”. Si un país legaliza la gestación subrogada y, al mismo tiempo, establece estándares y condiciones transparentes, se reduce la situación en la que la paternidad se convierte en un “privilegio para quienes pueden viajar al extranjero”.
Una regulación clara es mejor que las prohibiciones, que solo complican la vida de las familias
La práctica europea demuestra que algunos países intentan resolver el tema mediante normas, mientras que otros recurren a prohibiciones, incluidas las restricciones “en el extranjero”. Por ejemplo, Italia en 2024 amplió la prohibición, criminalizando el recurso a la gestación subrogada fuera del país. Estas medidas no tratan la infertilidad: solo hacen que el camino de las familias sea más complejo, más caro y jurídicamente más arriesgado.
La gestación subrogada en Ucrania
Ucrania se encuentra entre los pocos países donde la gestación subrogada está regulada a nivel de derecho de familia y de normas médicas para la aplicación de las TRA (incluida la Orden nº 787 del Ministerio de Salud sobre el procedimiento de aplicación de las TRA). En la práctica, esto aporta lo esencial: previsibilidad del proceso, pasos jurídicos claros y la posibilidad de un reconocimiento oficial de la filiación.
Por esta razón, a la clínica BioTexCom acuden pacientes de distintos países de Europa, América y China para realizar programas de TRA allí donde están permitidos y organizados dentro de un marco jurídico claro. Precisamente aquí, las parejas tienen la oportunidad de convertirse finalmente en padres de forma totalmente legal, sin infringir ni las leyes de Ucrania ni las de su propio país, además a un precio accesible y con un paquete completo de servicios.
Conclusión
La legalización de la gestación subrogada no es un “permiso sin reglas”. Al contrario: es una forma de establecer normas, proteger a la mujer, al niño y a los padres, reducir el mercado ilegal y poner fin a la situación en la que las familias se ven obligadas a buscar una salida “por caminos alternativos”.
